Con el propósito de reducir la conflictividad, se ha procedido a colocar cámaras de vigilancia en un colegio de Cataluña. Ante esta medida, La Generalitat ha señalado que la misma carece de autorización y que sólo causas graves podrían justificar dicha medida. La video-vigilancia está presente en el mundo actualmente, lo que no debe sorprender el hecho de que se colase en aulas de centros educativos.

 

Se instalan cámaras de vigilancia en un colegio de Cataluña para reducir la conflictividad

La decisión que tomó el instituto público que imparte enseñanza a nivel de secundaria, el Joan Brudieu de la Seu d’Urgell (Lleida) de instalar cámaras de vigilancia en una de las aulas, ha generado un intenso debate entre salvaguardar la privacidad o intimidad de alumnos y profesores, y garantizar la seguridad de los mismos.

Esta decisión fue tomada por el director de dicho instituto, el cual ordenó instalar las cámaras de seguridad en un aula ante la petición del equipo docente, debido a que existe un grupo de alumnos conflictivos. Desde hace algunos años, el instituto Joan Brudieu cuenta con cámaras de video-vigilancia tanto en el exterior como en lugares comunes del instituto, como por ejemplo pasillos y espacios que poseen material informático o de laboratorio.

Dicho sistema de vigilancia se instaló debido a que los fines de semana se rompían vidrios y se destrozaba mobiliario del instituto. Posteriormente, se amplió en otros lugares para controlar casos de peleas entre alumnos y desaparición de material. Los responsables del instituto llegaron a asegurar que la conflictividad se redujo, principalmente, por el efecto disuasorio de las cámaras instaladas, lo que provocó que, a petición de los docentes, se llegaran a instalar en un aula.

Se tiene previsto que, a partir del lunes 9 de enero de 2017, entre en funcionamiento este sistema de video-vigilancia en las aulas. Sin embargo, está por verse si dicho sistema se pondrá en marcha en diversos institutos catalanes para reducir la conflictividad, debido a que la instalación de las cámaras de vigilancia se hizo sin consultarlo con la administración catalana respectiva.

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